PIENSA EN VERDE

La pasada fue una semana intensa en lo que a noticias relacionadas con los trabajos de la Consultora se refiere. Los bulos están jugando un papel importante en el proceso de equiparación salarial, pero, por encima de todo lo que se escriba en las redes, más allá de las confabulaciones interesadas o de voces de ultratumba, están los hechos. La mejor demostración de que los sindicatos están cumpliendo con su palabra, es la nómina. Si comparamos la del mes de abril de 2019 con la del mismo periodo de 2018, observaremos un incremento bruto de 380 euros, de los cuales, casi 300 son fruto del Acuerdo de Equiparación y de la responsabilidad de los sindicatos con representación en el Consejo, quiénes, en caso de no firmar, posiblemente tendrían hoy más afiliados, pero los integrantes del colectivo, menos retribuciones. Algunos, podrían permitirse el lujo de esperar por el incierto recorrido de la ILP. La mayoría de los policías, no podríamos hacerlo. Quizás aquellos que decían que éramos los sindicatos los que habíamos engañado al colectivo son los que han defraudado. Los compañeros son inteligentes y aunque algunos pretender anular a parte del colectivo pensando por ellos, poco a poco, los agentes se van dando cuenta de las verdaderas intenciones de los recién llegados. Recuerdo sus afirmaciones a través de las que juraban que nunca serían sindicato, que la productividad se perdía, que cobraríamos 68 euros, que el dinero de los dos tramos de equiparación no estaba consolidado, que los autobuses para las manifestaciones tenían que pagarlos los sindicatos, que los convenios o cursos, que ellos ahora organizan, eran cosa de la Administración; o que nunca cogerían liberaciones, entre otros.

Hace poco más de un año, los 4 Sindicatos con representación en el Consejo de Policía y 7 de las 8 Asociaciones representativas de la Guardia Civil, suscribían, con el Ministerio del Interior, un acuerdo con el objetivo de alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares, así como impulsar la modernización, mejorar la calidad en la prestación del servicio y renovar las condiciones de trabajo de los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Este histórico acuerdo, publicado en el BOE número 69 de fecha 20 de marzo de 2018, establecía un escenario de tres ejercicios: 2018, 2019 y 2020. El apoyo ciudadano, a raíz de lo acaecido en Cataluña, dio la posición de fuerza necesaria, y por ende, facilitó el contexto ideal para que los Agentes Sociales se sentasen en la mesa de negociación con garantías de éxito.

A día de hoy, el incremento perteneciente a 2018 se percibió en las nóminas de todos los policías y guardias civiles del mes de octubre de 2018, con efectos retroactivos desde enero de 2018 y la parte del 2019, se abonará con la nómina de este mes, igualmente, con los pertinentes atrasos desde el mes de enero. Esta situación, supone la ejecución de 2/3 partes del acuerdo de equiparación, que, sumado al incremento de la Función Pública, eleva a 380 euros brutos al mes, la nómina de un Policía Nacional, de los cuales, más del 70% es resultado directo del acuerdo. Resta, por tanto, el tramo correspondiente a 2020 así como los resultados de la Consultoría externa contratada, a exigencia de los sindicatos y asociaciones, que debe fijar criterios objetivos de análisis para garantizar que los 807 millones de euros asignados, suponen la equiparación salarial total y absoluta.

Los trabajos de la Consultora, todavía no están finalizados. Además de la denuncia ante el Portal de Transparencia, interpuesta el pasado 7 de marzo, el día 26, el SUP demandó por escrito a la SES la entrega inmediata del informe de la Consultoría al objeto de que el mismo pudiese ser conocido por todos los miembros de la Policía Nacional. Así, el pasado viernes, la SES confirmó al SUP que habían recibido un primer borrador a finales de febrero, concluyendo tras un estudio del mismo, que los objetivos no estaban satisfechos ya que no incluía, entre otros detalles importantes, el estudio puesto por puesto. El SUP denunció el incumplimiento de las cláusulas del acuerdo, ya que, más allá de dos reuniones informativas con la Consultora, no se le permitió aportar los datos de los que disponía durante la confección de los desplegables.

La SES indicó que tienen voluntad de materializar el acuerdo firmado por el anterior Gobierno en su totalidad, más el montante que resulte del estudio de E&Y y que nunca han ejercido presiones sobre la Consultora, tal como ha publicado algún medio digital. Igualmente, han confirmado que amplían el plazo para presentar los trabajos con el estudio puesto por puesto y demás requisitos técnicos hasta el día 4 de junio. Hay que recordar que la contratación de la Consultoría se hizo a exigencia de los sindicatos y asociaciones firmantes del acuerdo y que la parte derivada del estudio de E&Y se ejecutará a lo largo del 2020. Entonces, ¿por qué tanta prisa en conocer el estudio de la Consultoría? La respuesta: las elecciones al Consejo de Policía y la necesidad del nuevo sindicato de mantener viva la llama hasta el 19 de junio puesto que, como algunos de sus destacados miembros han reconocido, el cobro de esta segunda parte de la equiparación en el mes de abril, ha supuesto un duro revés en sus aspiraciones.

Otra de las cuestiones que se deberá articular en las próximas semanas, es la posibilidad, tal como establece el acuerdo a petición de los sindicatos, de que los funcionarios que se encuentran en la situación de Segunda Actividad puedan retornar a situación de Activo. Hasta el momento, la justificación que ha aportado la SES para demorar el desarrollo normativo que permita activar esta opción, es que apenas hay funcionarios interesados en acogerse a esta opción. Desde el SUP, no compartimos ese argumento y denunciaremos, como así lo venimos haciendo en las reuniones en las que hemos participado, cualquier retraso en este sentido. Cabe recordar que la Administración quería suprimir el derecho de pase de forma voluntaria, por cumplimiento de edad, a Segunda Actividad dado que los Mossos no tienen contemplada esa alternativa. Finalmente, gracias a la presión de los sindicatos, se consiguió mantener.

Los funcionarios de Policía Nacional pertenecemos a Clases Pasivas y los integrantes de las policías autonómicas están adscritos al Régimen General por lo que las pensiones de jubilación no tenían cabida en este acuerdo, al igual que otras brechas salariales, como son las asistencias a juicios, las horas extras o las pagas dobles, a pesar de los esfuerzos que hacen algunos por tratar de convencernos de ello.

Desde el SUP, llevamos 4 años trabajando en la Reclasificación al Grupo B para la Escala Básica, reivindicación que mejoraría las pensiones de jubilación, orfandad, viudedad y Segunda Actividad y seguiremos vigilantes en el cumplimiento efectivo del acuerdo. Al mismo tiempo, continuaremos con nuestro trabajo diario en las distintas plantillas, tratando de resolver los problemas que nos plantean cada día nuestros afiliados.

Con todo esto, resulta curioso ver como la directiva de JUSAPOL, formada mayoritariamente por Policías Nacionales, se posiciona de parte de la Guardia Civil. Para muestra, un audio que ha transcendido la semana pasada, en el cual, el Vicepresidente de esa asociación se muestra en contra de un reparto favorable a la Policía Nacional. Espero y deseo que cuando el nuevo Sindicato sea representativo, trabaje por la Policía Nacional, sin centrarse únicamente en los insultos, amenazas, escraches y daños en tablones o calendarios del SUP, preocupándose un poco más del colectivo, con planteamientos reales, sin populismos ni imposibles, afrontando, de una vez por todas, el debate de los Pabellones de los que dispone el Cuerpo hermano. ¿O acaso quieren que un Guardia Civil cobre el 59% del último tramo más la vivienda militar gratis y que su compañero de azul perciba solo el 41% y se pague el alquiler o la hipoteca?

La respuesta la tengo clara. Piensan en verde.

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