Nos dieron su palabra

 

En condiciones normales, la prórroga automática de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, al no existir Presupuestos para 2019, haría inviable cualquier incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público.

Sin embargo, el Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, en su artículo 21 sobre prohibición de gastos de personal de los departamentos ministeriales, exceptúa de esta prohibición las medidas necesarias para la aplicación del Acuerdo entre el Ministerio del Interior, Sindicatos de Policía Nacional y Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil de 12 de marzo de 2018.

El acuerdo de equiparación, la excepción del RD 24/2018 mencionada antes y las manifestaciones tanto del ministro del Interior como de la propia SES, dibujan un escenario en el que la segunda parte de la equiparación llegará a través de RD.

Hablando de compromiso, sin ir más lejos, hace 15 días comparecía en la Comisión de Interior del Congreso, la SES, y, al ser interpelada sobre la percepción de la cuantía del acuerdo de equiparación salarial correspondiente al ejercicio presupuestario de 2019 manifestó que, la segunda fase del acuerdo, para la que se destinan 250 millones de euros, se ejecutará, bien a través de la aprobación y ejecución de los Presupuestos, o bien, a través del mecanismo administrativo correspondiente para que se cobre cuanto antes.

El inesperado cambio de Gobierno que sobrevino a las pocas semanas de la firma del acuerdo de equiparación en marzo de 2018 y ahora, con la incertidumbre política que tenemos a la vista, a nadie debería escapársele el acierto de firmar el acuerdo que nos llevará a conseguir la equiparación salarial en 2020. Acuerdo publicado en el BOE y que es la base para exigir la inminente publicación de un RD que habilite, a la mayor brevedad, la parte correspondiente a este curso. En caso de que el reparto sea de nuevo lineal, cada compañero vería incrementada su nómina, de media, unos 130 euros brutos mensuales, derivados del acuerdo de equiparación, que, sumados al incremento de 2018, rondarían los 300 euros mes. Si añadimos la subida de la Función Pública, llegaríamos a los 380 euros brutos al mes anunciados.

El inmovilismo de la DGP en cuanto a modificación del catálogo y simplificación de los CES y el retraso de la Consultora en la entrega de los datos resultantes del estudio, hace que de nuevo, el reparto lineal, sea la opción más razonable para tratar de percibir la cuantía a la mayor brevedad posible, quedando para el 2020, ya con los datos de la Consultora sobre la mesa, una distribución acorde a la comparativa de funciones y responsabilidades entre FCS y Mossos.

Precisamente ayer, día 13 de febrero, se cumplían 3 meses de la admisión a trámite de la ILP. Según su Disposición Adicional Segunda, “el Gobierno en el plazo de tres meses procederá a modificar los complementos de territorialidad, turnicidad, así como los conceptos de dietas y asistencias a juicios a la realidad social y geográfica donde tengan impacto”. Toca esperar varios meses para conocer el recorrido de la ILP, pero claramente, su sustento es el acuerdo de equiparación. De no firmar, hoy no tendríamos cada uno de nosotros en la nómina 165 euros todos los meses, ni un acumulado de 2.110 euros desde el 1 de enero de 2018.

El SUP, ha solicitado, junto con el resto de sindicatos, algo que parece sencillo pero que, en política, a veces no lo es tanto. Simplemente, que cumplan su palabra y que antes del día 5 de marzo aprueben nuestro RD. Las urnas dictarán sentencia el 28A. 

Roberto González.

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