UVEX: la Xunta cumple, la DGP ni paga ni convoca las plazas
Por resolución de 16 de octubre de 2006, de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior (B.O.E. núm. 259, de 30 de octubre de 2006), se hizo público el primer Convenio de colaboración y coordinación entre el Ministerio del Interior y la Xunta de Galicia por el que se establecía y regulaba la participación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en las misiones de vigilancia y protección de los edificios e instalaciones de la Administración de Justicia en Galicia. Los sucesivos convenios, con sus respectivas adendas, el último de ellos suscrito el día 28 de diciembre de 2018, además de contemplar los horarios de los servicios, los puestos ocupados, el coste mensual, la cantidad a percibir en concepto de productividad, recoge el número de efectivos necesarios para los miembros de la Policía Nacional
A pesar de que la Xunta de Galicia cumple e ingresó en el Tesoro Público a finales del año 2018, tal como establece el convenio, la cuantía correspondiente para remunerar las labores que prestan los policías adscritos a las UVEX, la Dirección General de la Policía, no abona sus nóminas desde el pasado mes de febrero, lo que representa un absoluto desprecio a unos funcionarios que superan los 60 años de edad y que finalizan su carrera profesional en este puesto de trabajo, tras muchos trienios de servicio y dedicación a la Seguridad Pública. Sin duda, esta no es la mejor forma de reconocerles su labor.
Además de esta grave incidencia, que repercute directamente en la seguridad de los juzgados gallegos y que hace que muchos de estos policías nacionales se estén planteando dejar de prestar este servicio, y pasar a la situación de jubilación, también queremos denunciar la falta de diligencia y prevision por parte de la DGP a la hora de convocar las vacantes existentes en las UVEX.
El Catálogo de Puestos de Trabajo, contempla un total de 81 efectivos, de los que a día de hoy, solo hay cubiertos 33, lo que representa un déficit de personal del 60%, cuando la media en la Jefatura Superior de Policía de Galicia, es del 22%. Algunas sedes judiciales han mermado la vigilancia y protección de sus edificios, y algunas otras, en el mejor de los casos, se han visto en la imperiosa necesidad de contratar el servicio de seguridad privada, con el coste adicional que ello supone para las arcas públicas. No tener completo el CPT, hace que la Xunta, tenga que gastar al año 1.200.1000 euros en seguridad privada, cuando disponer de Policía Nacional, supone un gasto 5 veces inferior, además de la limitación de funciones a la que se enfrentan los vigilantes de seguridad en su labor diaria en los juzgados gallegos.
Desde el Sindicato Unificado de Policía, llevamos advirtiendo internamente sobre esta situación desde hace más de dos años, urgiendo la convocatoria de las plazas vacantes, demandando la modificación del convenio para que no se queden vacantes sin cubrir al no existir peticionarios que cumplan los requisitos exigidos, solicitando la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Convenio para la resolución de la incidencia económica y demandando con la firma de la renovación del convenio de colaboración entre el MI y la Xunta de Galicia.
Tras la firma de la del convenio de colaboración, el pasado 21 de diciembre, todo apuntaba a un desbloqueo inminente de la situación, pero en la comisión de personal y proyectos normativos del pasado día 18 de enero, la DGP informó, tras pregunta del SUP, que estos funcionarios no iban a cobrar, debido a un reparo en el convenio que le impedía percibir la cuantía económica que libra la Xunta de Galicia. Significar que estos funcionarios, en el momento que son destinados a las UVEX, pierden parte de su salario que compensarían con la productividad que no perciben desde hace casi un año.
El convenio afecta a PN y GC. En contra de lo que sucede con PN, los funcionarios de las Guardia Civil, sí están percibiendo sus retribuciones, evidenciando así, la inoperancia de la DGP.
Tras constatar que la Xunta había transferido el dinero al Tesoro Público para retribuir los servicios prestados por funcionarios de la Policía Nacional, hemos presentado dos denuncias a través del Portal de Transparencia y del Defensor del Pueblo, para conocer el destino de ese dinero.
Queremos denunciar igualmente, como en algunas ciudades, caso de Vigo, se están derivando patrullas de seguridad ciudadana y del servicio de seguridad para cubrir la seguridad en las sedes judiciales, detrayendo personal de la calle (cuando seguimos en nivel 4 de alerta antiterrorista y tenemos un déficit de personal del 20%).
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